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El juicio político en Argentina se refiere al proceso mediante el cual se destituye a un funcionario público por mal desempeño de sus funciones o por comisión de delitos graves. Este proceso está regulado por la Constitución Nacional y la ley de juicio político y es bastante largo y tedioso. El pedido de juicio, puede ser presentado por un funcionario o por un particular, debe ingresar por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, allí se decide qué denuncias son admisibles y cuáles no, en caso de que sí se inicia un sumario que puede incluir la citación de testigos, la solicitud de información a jueces federales y la declaración del propio imputado. Después la comisión debe emitir un dictamen, allí pasa a diputados y si los 2 tercios de la Cámara baja lo aprueban, la misma Cámara debe elegir a los diputados que presenten la acusación ante el Senado. De esta manera la cámara de senadores decidirá por 2 tercios de los presentes si destituye o absuelve al acusado. La Constitución establece, además, que si el acusado es el Presidente de la Nación, el Senado debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante este proceso. Ósea digamos, para destituir a un presidente mediante juicio político la oposición debería tener el apoyo de dos tercios de ambas cámaras. Ósea digamos, aproximadamente 172 diputados y 48 senadores. Para darnos una idea la oposición dura a Milei, Unión por la Patria y la izquierda, cuenta con 104 diputados y 33 senadores. Mientras tanto, los bloques dialoguistas, conformados por el radicalismo, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y otros cuentan con 72 diputados y 26 senadores. Por lo que si la oposición dura logra convencer a estos diputados del medio, el juicio político contra Milei podría comenzar a tomar forma.